El futuro de MUFACE ¿Cuenta atrás?

Guillem López i Casasnovas
Director del Centre d’Investigació en Economia i Salut de la Universitat Pompeu Fabra

Vaya por delante que, como funcionario de la Administración Civil del Estado, pertenezco a este 20 por ciento de beneficiarios que elegimos desde el principio permanecer en el sistema público de provisión, y que mis incursiones en la asistencia sanitaria privada han sido siempre desde el aseguramiento con cargo a mi bolsillo y sin deducción fiscal posible.

Dicho lo anterior, soy de los que defienden MUFACE y la libre elección de prestador; incluso tengo investigación empírica al respecto del modelo MUFACE, levantando viejos tabúes contrarios como la posible selección de riesgos que se decía que ejercía (siendo el registro voluntario y abierto anualmente, esto no es posible), localizando el foco en la selección de servicios (oferta más atractiva para grupos con niveles de utilización de inferior coste) y aclarando las pirámides de edad de sus afiliaciones (contra la idea de que eran los jóvenes su mayoría).

Desde una perspectiva académica, el modelo MUFACE es uno de los pocos experimentos de provisión pública (el usuario no paga por lo que elige) con producción privada de servicios. Una especie de vale, como en la provisión de cuidados en algunas guarderías infantiles, que permite examinar las razones de la elección de los ciudadanos, y constatar los déficits de regulación existentes: opciones que se ofrecen sin períodos de carencia, aceptación de cambios por riesgo catastrófico sobrevenido, y comportamientos dispares ante coberturas distintas o copagos diferenciados. ¿Cuáles son, al respecto, los posicionamientos de las aseguradoras privadas? Creo que podemos clarificar la discusión distinguiendo en España un sector asegurador privado que piensa que cuanto peor sea la cobertura pública, mejor será su cuenta de resultados, aumentando primas y número de afiliados, mientras que otro sector, el que hasta ahora ha firmado los convenios MUFACE, desea un sistema público bien financiado que permita un aseguramiento privado plenamente substitutivo del público. Mientras el primero busca un aseguramiento privado complementario, de múltiples pólizas con distinta cobertura según el marketing de interés y según cuáles sean las parcelas más deficientes de la prestación pública, el segundo, se instala en el aseguramiento substitutivo bajo convenio MUFACE, fiando quizás su futuro a un complemento privado que se añadiría a la póliza pública: una especie de copago ‘topping up’ (por encima de) para lo que quedase fuera de catálogo público, y preferentemente para prestaciones de menor efectividad relativa o coste superior a los umbrales públicamente financiables.

Las cosas están cambiando radicalmente en el sector asegurador, pues las entidades que anteriormente subscribían el Convenio no se presentan, hoy, a la renovación porque consideran que las tarifas propuestas son insuficientes para cubrir los costes de la póliza pública básica, y muestran cómo continúan siendo claramente inferiores al coste de la prestación pública. Y algunas voces se alzan, ya, en favor de su abolición, o de una elección más contundente: si se opta por el aseguramiento privado financiado públicamente, ha de ser a perpetuidad; de por vida. Esta opción es mucho más dura y decisiva que la actual, con una opción anual a 31 de diciembre, desde el conocimiento de que con el envejecimiento el salto al aseguramiento público hoy no tiene coste para el usuario, aunque sí claramente para el sistema público a la vista de cómo crecen los costes con la edad.

¿Qué pasará si se acaba con el modelo MUFACE? No sorprende que desde el aseguramiento privado se hayan levantado voces, las más liberales, contra el cierre de esta ventana que supone MUFACE para el sistema en general. Sorprende, sin embargo, que los que hasta ahora han criticado el modelo por el privilegio que supone a unos, aunque se han negado a extenderlo a otros, callen. Dinamitada MUFACE, anticipo dos efectos obvios. La entrada masiva de ciudadanos en la asistencia pública, presionando aún más los descosidos del sistema de salud, aun con la aportación añadida de lo que antes disponía MUFACE para el pago del aseguramiento privado, probando su insuficiencia. También preveo, y aquí puede situarse  la ganancia de pescadores en río revuelto, que las aseguradoras antes conveniadas ofrezcan rápidamente coberturas a la carta para aquellos asegurados acostumbrados a la prestación privada, en aquellas áreas que son más rentables para las compañías, como la atención básica y la diagnóstica, sacando una ventaja adicional respecto a los entes aseguradores fuera de convenio. Este copago por primas complementarias es, ciertamente, más complicado por incierto que el del topping up antes aludido, al estar construido sobre el capitativo completo de substitución, pero puede ser más rentable para las compañías. En qué medida este copago, que erosionará el bolsillo de funcionarios, se trasladará a salarios más altos o conformará la pérdida de un beneficio en especie que, al parecer, agradaba en gran medida a los beneficiarios se verá si efectivamente acontece el final de MUFACE.