Una agencia de salud pública para completar nuestro sistema nacional de salud

Fernando G. Benavides
Catedràtic de salut pública, Universitat Pompeu Fabra

Este final de julio ha sido el final de una larga carrera de obstáculos para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP). El pasado 20 de julio pasó por el pleno del Congreso, la ahora Ley 7/2025, de 28 de julio, por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

Un final digno de una película de suspense. Era la tercera vez que la propuesta de Ley llegaba al Congreso -dos en esta legislatura- y que después de un proceso de consenso laborioso desde la Comisión de Sanidad fue rechazada en una sesión del Congreso -para olvidar- el pasado 20 de marzo. Afortunadamente, se impuso cierta cordura, y tras volver a ser aprobada en la Comisión de Sanidad del Congreso, en el uso de sus plenas competencias legislativas, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, pasó al Senado donde fue aprobada con los votos del PSOE, Sumar y la mayoría de la investidura, menos Junts, que secundó a Vox en el rechazo, pero con la abstención del PP. Ello permitió volver al Congreso, donde ya solo se votaron enmiendas menores del PP aprobadas con su mayoría absoluta en el Senado, y que fueron rechazadas. Para aquellos interesados en la “serie”, recomiendo la lectura de las 25 crónicas de SESPAS, sobre la larga tramitación parlamentaria del proyecto de Ley.

Pero más allá de las lamentables tácticas partidistas, frente a la urgente necesidad de la AESP, como quedo patente durante la pandemia de la COVID-19, hay que reconocer que ordenar y modernizar la estructura de salud pública en España viene de lejos, y no es nada fácil.

Recordemos, muy brevemente, que el desajuste -reciente- de la salud pública empezó con las primeras transferencias, sin apenas planificación, a las recién constituidas Comunidades Autónomas, con Cataluña en primer lugar en 1979, y con anterioridad a la Ley General de Sanidad de 1986. Sabiendo que estos recursos transferidos se remontaban a la primera Ley general de Sanidad de 1855, que dependían desde entonces, con el breve intervalo de la II República, del Ministerio de Gobernación -lo que no carece de sentido-, y sin apenas relación, y esto es más relevante, con el potente sistema asistencial -ciudades sanitarias, ambulatorios, etc.-que se desarrolla ligado al seguro obligatorio de enfermedad de la Seguridad Social durante el franquismo.

Que la salud publica necesitaba modernizarse era algo sabido antes de la pandemia. De hecho, la creación de la AESP estaba prevista en la Ley general de Salud Pública de 2011, aprobada en los últimos días del gobierno de Zapatero. Pero la recesión de 2008, y el gobierno del PP después, congelaron su desarrollo, y hubo que esperar a que nos golpeara la pandemia para aceptar que el sistema de salud pública necesitaba más recursos y una urgente reorganización, como ya había experimentado la parte asistencial de nuestro sistema de salud. La pandemia dejó dramáticamente al descubierto estas dos realidades.

Ahora ya tenemos la Ley, de 8 artículos, nos falta el Estatuto -o Reglamento-, que ya sabemos desde Romanones de su importancia. Una tarea que está en manos del Ministerio de Sanidad, y para lo que dispone de seis meses para su desarrolla según la Disposición final quinta. Esto es, hasta el 29 de enero de 2026. Para ver por dónde irá es recomendable leer el Preámbulo con calma, como en toda Ley que pretende durar al menos 100 años.

También está pendiente la asignación de la ciudad sede de la AESP, que debe estar fuera de la capital del estado, lo que sin duda tendrá su atractivo mediático, dada las ciudades que ya han mostrado interés, como Oviedo, Zaragoza, Valencia o Granada, entre otras. También Barcelona. Está prevista la constitución de una comisión que deberá decidir. Pero no perdamos de vista el Reglamento, y los recursos destinados a la nueva institución estatal.

Hay que estar atentos, especialmente desde las sociedades profesionales, para participar y ofrecer sugerencias que miren desde el interés general y con criterios científicos este desarrollo.